Expertos, expertas y representantes institucionales coincidieron hoy en la necesidad de reforzar el reconocimiento y la protección efectiva de los derechos humanos de las personas mayores en los sistemas regionales. Así se puso de manifiesto durante la jornada Derechos humanos de las personas mayores en los sistemas regionales de protección: una perspectiva comparada desde América, África y Europa, organizada por la Fundación HelpAge International España en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid.
Durante más de tres horas, las personas participantes analizaron el estado actual de la protección de los derechos de las personas mayores en los distintos sistemas regionales de derechos humanos. El encuentro evidenció tanto los avances logrados como los desafíos pendientes y las oportunidades para fortalecer su garantía efectiva a escala global.
Apertura institucional
La inauguración corrió a cargo de Julia Borque, responsable de Relaciones Institucionales de la Oficina del Parlamento Europeo en España; Eduardo Merino, director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, e Isabel Martínez, presidenta de la Fundación HelpAge International España, quienes reforzaron el interés y la necesidad de una convención de Naciones Unidas para los derechos humanos de las personas mayores.
Voces del encuentro
Rafael de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, abordó los fundamentos teóricos del reconocimiento jurídico de los derechos de las personas mayores y los principales vacíos normativos que persisten en los distintos sistemas regionales: «Es fundamental partir de un enfoque de derechos centrado en la persona: tomar en serio su vida, su experiencia y su identidad situada en un contexto concreto. El sistema de derechos humanos atraviesa hoy una doble crisis, institucional y de enfoque. Las personas mayores somos sujetos autónomos, con derecho a decidir cómo y con quién queremos vivir, y también titulares del derecho al cuidado. Es imprescindible garantizar nuestra participación y nuestra voz, proteger el derecho a vivir en la comunidad y afrontar desafíos como la brecha digital”, señaló.
Carmen Salcedo Beltrán, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València y miembro del Comité Europeo de Derechos Sociales, presentó el marco europeo de protección social y su aplicación a las personas mayores, con especial atención a la jurisprudencia reciente del comité: “El comité supervisa a 42 Estados, pero no todos los miembros del Consejo de Europa han ratificado el artículo 23 de la Carta Social Europea, que es el instrumento específico de protección social de las personas mayores. España sí lo tiene ratificado, y eso nos obliga. Mientras no exista una convención internacional específica, hay que trabajar con lo que tenemos: los Estados que aún no lo han ratificado deben hacerlo, y los que ya lo han hecho, cumplirlo. Contamos hoy con conclusiones de no conformidad que evidencian incumplimientos graves y reiterados. Tenemos un marco jurídico vinculante que debemos reforzar y hacer efectivo”.
Lefhoko Kesamang, oficial superior de bienestar social en la Comisión de la Unión Africana, expuso de forma virtual el estado de la protección de los derechos de las personas mayores en el sistema africano de derechos humanos y los compromisos adoptados por la Unión Africana: “La Unión Africana ha dado pasos importantes, como la adopción del Protocolo Africano sobre los Derechos de las Personas Mayores, que establece estrategias concretas de protección. Sin embargo, las personas mayores en África siguen enfrentando problemas estructurales graves: pobreza extrema, falta de acceso al agua potable, ausencia de sistemas de salud y de protección social, y una economía mayoritariamente informal. A ello se suma el abuso, especialmente hacia las mujeres mayores, que en muchas comunidades son estigmatizadas y acusadas de brujería. La academia y el intercambio de experiencias son aliados indispensables. Por todo ello, insto a las Naciones Unidas a avanzar hacia una convención internacional: África la necesita, y el mundo también”.
Aída Díaz-Tendero, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid y vocal del Patronato de HelpAge International España, analizó el sistema interamericano de derechos humanos y el papel de la sociedad civil en la promoción y vigilancia de los derechos de las personas mayores en América Latina: “Mientras Europa presenta una fragmentación notable en materia de derechos sociales, en el sistema interamericano existe una mayor cohesión jurídica. Antes de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de 2015, el marco normativo era disperso e insuficiente. Argentina fue un ejemplo pionero: lo ratificó. El Salvador y Ecuador también avanzaron en este sentido, accediendo por primera vez a protección internacional. Otros países aún no lo han hecho, con frecuencia por obstáculos políticos. Quedan asignaturas pendientes fundamentales: la protección de las mujeres mayores, el derecho a la propiedad, la mayor vulnerabilidad en instituciones residenciales y el reconocimiento de la diversidad de las vejeces conforme a los contextos culturales. La Corte Interamericana ya ha condenado a Estados y ha forzado reformas de políticas públicas. La internacionalización de las redes de la sociedad civil es fundamental para sostener estos avances”.
Un llamamiento común
La jornada concluyó con un debate abierto en el que se identificaron sinergias entre los distintos sistemas regionales y se trazaron líneas de acción para avanzar en la protección efectiva de los derechos de las personas mayores.
Las personas participantes coincidieron en que la comparación entre los sistemas europeo, africano e interamericano permite identificar buenas prácticas, lagunas normativas y oportunidades de mejora mutua. El debate puso de relieve que, pese a los avances registrados en algunos contextos, persisten déficits estructurales comunes: la ausencia de instrumentos internacionales vinculantes específicos para las personas mayores, la brecha entre el reconocimiento formal de derechos y su aplicación efectiva, y la necesidad de garantizar la participación real de este colectivo en los procesos que les afectan.
Se subrayó especialmente la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres mayores, expuestas a formas interseccionales de discriminación tanto en el ámbito comunitario como en el institucional, así como la urgencia de afrontar la brecha digital como condición para el ejercicio pleno de la ciudadanía.
En el plano normativo, los participantes coincidieron en que los instrumentos existentes, como la Carta Social Europea o la Convención Interamericana, deben ser ratificados por todos los Estados y aplicados con rigor. Asimismo, se reafirmó el consenso sobre la necesidad de avanzar hacia una Convención de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Personas Mayores como marco universal que otorgue a este colectivo la misma protección internacional.
