HelpAge International España ha expresado su profunda preocupación ante el posible nuevo intento de desahucio que afecta a Maricarmen de 87 años, una persona mayor en situación de vulnerabilidad residencial, un caso que se suma a situaciones similares como la vivida recientemente por Mariano Ordaz, de 67 años. La organización recuerda que el acceso y la permanencia en una vivienda digna constituyen un derecho humano esencial y un pilar clave para garantizar una vida segura, autónoma y con dignidad en la vejez.
Desde la entidad advierten de que los desahucios que afectan a personas mayores no pueden tratarse únicamente como conflictos administrativos o económicos, ya que implican una posible vulneración de derechos fundamentales reconocidos tanto por el ordenamiento jurídico español como por los estándares internacionales de derechos humanos.
En concreto, el disfrute de una vivienda digna y adecuada es un derecho reconocido en la Constitución española, el cual establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho e impedir la especulación. Asimismo, el artículo 20 de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, obliga a las administraciones públicas a garantizar que las políticas de vivienda prevengan cualquier forma de exclusión residencial y tengan especialmente en cuenta las necesidades de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. La propia ley establece expresamente la obligación de promover políticas que garanticen la autonomía y la vida independiente de las personas mayores.
El Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM) de HelpAge International España también pone el foco en las graves consecuencias que la pérdida de vivienda puede tener en la vejez, entre ellas el deterioro de la salud física y emocional, la ruptura de redes de apoyo, el aumento de la soledad no deseada y la pérdida de arraigo comunitario. La organización considera que la exclusión residencial en esta etapa vital implica una vulneración multidimensional de derechos, estrechamente vinculada a situaciones de pobreza, la fragilidad social y la pérdida de participación comunitaria.
Además, alerta de que este tipo de situaciones afectan especialmente a las mujeres mayores, muchas de ellas con pensiones insuficientes y trayectorias marcadas por desigualdades económicas y de cuidados acumuladas a lo largo de la vida.
La vivienda no representa únicamente un espacio físico, sino el lugar donde las personas mayores desarrollan su vida cotidiana, donde mantienen vínculos sociales y ejercen su autonomía. Las personas mayores desean permanecer en sus entornos habituales, por lo que las políticas públicas deben orientarse a garantizar el envejecimiento digno en comunidad.
Ante esta situación, la organización recomienda:
- La paralización inmediata del desahucio.
- La garantía de alternativas habitacionales adecuadas, accesibles y estables.
- La aplicación efectiva del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas de vivienda.
- Medidas específicas de prevención de la exclusión residencial de las personas mayores.
- La protección del derecho de las personas mayores a permanecer en sus entornos comunitarios y redes de apoyo.
