La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó acerca de una serie de restricciones presupuestarias graves para 2025 y 2026. Esta situación obligará a cancelar o posponer las actividades esenciales que habían sido mandatadas por el Consejo de Derechos Humanos.
Como consecuencia directa de la actual crisis de liquidez presupuestaria que atraviesa el sistema de las Naciones Unidas, advertida en febrero por el Secretario General, se verán afectadas las siguientes actividades: las misiones temáticas y de campo; los informes sobre derechos civiles, económicos, ambientales, y de grupos en situación de vulnerabilidad; y el apoyo técnico a gobiernos y sociedad civil.
“Aunque el resto de las actividades encomendadas al Consejo para 2025 se llevarán a cabo, casi todas ellas se reducirán de forma sustancial, por ejemplo, mediante la celebración de actos virtuales en lugar de presenciales”.
Las repercusiones de esta situación pueden resultar sumamente perjudiciales: desde la ausencia de informes sobre el estado de los derechos humanos hasta una disminución del monitoreo internacional, entre otros impactos relevantes.
En particular, en el ámbito de los derechos de las personas mayores, se preveía la elaboración de un informe sobre la lucha contra el ciberacoso dirigido a este grupo poblacional. El informe tenía como propósito identificar tendencias y desafíos recientes, establecer los principios de derechos humanos aplicables, recopilar buenas prácticas, y presentarse en un formato accesible y de fácil lectura durante el 62º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
Como ha establecido en su carta el Alto Comisionado de Naciones Unidas: “La situación es profundamente lamentable, y no voy a ocultar mi preocupación por el impacto global que esto tendrá en la promoción y protección de los derechos humanos sobre el terreno, incluso mientras proseguimos los esfuerzos para fortalecer y dar mayor eficacia a la labor del pilar de derechos humanos de las Naciones Unidas a través de la iniciativa UN80 del Secretario General”.
Es indispensable tomar conciencia del impacto silencioso que esta crisis financiera genera en el ámbito de los derechos humanos. Por ello, resulta urgente y fundamental exigir a los Estados miembros que cumplan con sus compromisos financieros con las Naciones Unidas.
