El último informe de la Experta Independiente presentado a las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores constata «un aumento de la violencia contra las personas mayores durante las crisis en curso, como la pandemia de COVID-19, los conflictos armados y el cambio climático». Sin embargo, las respuestas mundiales han sido hasta ahora débiles y fragmentadas.
Aunque va en aumento, la violencia contra las personas mayores sigue pasando desapercibida y no es una prioridad a nivel nacional, regional o mundial. La escasez de datos e investigaciones sobre el maltrato a las personas mayores contribuye aún más a la invisibilidad de este fenómeno, como se lleva repitiendo esta cuestión los últimos años.
Señala la necesidad de marcos jurídicos y políticas integrales. La Experta Independiente subraya que, la lucha contra la discriminación por motivos de edad, a menudo es la causa fundamental de los malos tratos a las personas mayores y debe formar parte de las políticas destinadas a prevenir la violencia, los malos tratos y el abandono en la vejez. Señala además que el actual marco internacional de derechos humanos no proporciona la protección necesaria para que las personas mayores vivan libres de violencia, abuso y abandono en diversos entornos.
De hecho, la revisión y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (MIPAA) demuestra disparidades, discrepancias y lagunas en las políticas estatales sobre el maltrato a las personas mayores. Las respuestas existentes «no han sido ni sistémicas ni transformadoras en un contexto de persistencia de importantes retos en la aplicación y la provisión de recursos adecuados (…) Por lo tanto, los planes nacionales pueden aplicarse parcialmente o no aplicarse, dejando a un gran número de personas mayores vulnerables al maltrato y la discriminación». Por este motivo, la Experta Independiente insta a los Estados a adoptar un instrumento internacional global jurídicamente vinculante, es decir, una convención sobre los derechos humanos de las personas mayores que aborde el derecho a una vida libre de violencia, abuso y abandono en la vejez. Una legislación exhaustiva es necesaria para prevenir la violencia y el abuso, pero también para proporcionar a las supervivientes protecciones legales, coordinar la respuesta de todos los actores relevantes y establecer sanciones contra los autores de diferentes formas de abuso.
La colaboración multisectorial es crucial para prevenir la violencia y el abuso
La Experta Independiente subraya que la colaboración multisectorial es necesaria para proteger a las personas mayores de la violencia, el abuso y el abandono. Una de las principales estrategias para prevenir el maltrato de las personas mayores son los programas de apoyo a los cuidadores. También es necesario capacitar y sensibilizar a los profesionales que trabajan con personas mayores. Para prevenir el abuso financiero, es clave la implicación de la banca y otras organizaciones de servicios financieros. Deben establecerse procedimientos de supervisión en las instituciones y debe garantizarse la provisión de refugios seguros adecuados a la edad, información accesible, apoyo económico para vivir de forma independiente, apoyo en la toma de decisiones y asistencia jurídica para las víctimas de abusos. Los planes o políticas deben basarse en datos desglosados para abordar las causas profundas de la violencia contra las personas mayores.
La mayor recomendación de la Experta Independiente menciona que la violencia, el maltrato y el abandono contra las personas mayores son sintomáticos de cómo devaluamos la vida de las personas mayores, de cómo tendemos a trivializar y tolerar su sufrimiento y de cómo somos más propensos a aceptarlo como normal en una medida que no aceptaríamos para otros. El edadismo suele ser el motor del maltrato y el abandono, pero también lleva a pasar por alto las consecuencias que tiene en las personas mayores y al no abordarlo con el mismo nivel de seriedad y determinación que otras formas de violencia. En algunos casos, el abandono puede incluso considerarse una consecuencia «normal» de las deficiencias y los problemas relacionados con el envejecimiento, mientras que constituye una negación de los derechos humanos.
Combatir la discriminación por motivos de edad y el maltrato de las personas mayores es muy complejo, porque es insidioso, sistemático e institucionalizado. Es necesario un enfoque global e intersectorial del maltrato a las personas mayores, centrado en la lucha contra el edadismo y la promoción de una atención de calidad. Por ello, la Experta Independiente concluyó acertadamente que «un instrumento internacional jurídicamente vinculante ofrecería la mejor protección para los derechos humanos de las personas mayores».
Después de esto Naciones Unidas ha decidido adoptar una declaración sobre esta cuestión como abordamos en el post el 13 de octubre de este mismo año.
