La semana pasada, el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley por el que se modifica la normativa sobre los derechos de las personas con discapacidad y la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.
La iniciativa responde a una coyuntura social que ha puesto de manifiesto las limitaciones del marco vigente. El progresivo envejecimiento de la población, el aumento de la demanda de servicios personalizados y la necesidad inaplazable de garantizar derechos efectivos evidencian la urgencia de una reforma de alcance estructural.
Esta reforma se integra en la «Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización para el periodo 2024 a 2030». Su finalidad es avanzar hacia un sistema que priorice la permanencia en la comunidad, reduzca la dependencia de dispositivos institucionales y refuerce la autonomía personal y la inclusión social.
Entre las novedades más relevantes del Proyecto de Ley destaca el reconocimiento del derecho a la teleasistencia, así como la necesidad de simplificar y agilizar los procedimientos administrativos vinculados a la solicitud y al reconocimiento de la situación de dependencia.
Asimismo, la reforma incorpora, entre otras, las siguientes medidas:
- El incremento de los servicios y prestaciones integrados en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- La creación de un programa estatal destinado a la financiación de intervenciones en materia de accesibilidad.
- La supresión del régimen de incompatibilidades entre prestaciones del sistema de dependencia.
- La eliminación del plazo suspensivo de dos años en el acceso a las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.
El ministro Pablo Bustinduy ha subrayado de forma reiterada que la efectividad de esta reforma exige una dotación presupuestaria suficiente que permita su implementación real y homogénea.
En este contexto, la reforma se enfrenta a diversos desafíos. Entre ellos, destacan la garantía de una financiación adecuada, la articulación de las medidas en el ámbito de las comunidades autónomas, dado que la asistencia social constituye una competencia autonómica, y la necesidad urgente de mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector de los cuidados, cuyo impacto en la calidad del servicio y en su bienestar resulta determinante.
Nos encontramos, por tanto, ante un cambio de naturaleza estructural que trasciende las modificaciones formales. Su consolidación requerirá tiempo, inversión sostenida y una clara voluntad política. Aunque los primeros pasos ya se han dado, el desarrollo de un modelo de cuidados más humano, cercano y centrado en la persona plantea aún retos significativos.
Para más información sobre la Estrategia Estatal de Cuidados, se puede acceder en el siguiente enlace: https://www.dsca.gob.es/sites/default/files/publicaciones/Estrategia-modelo-cuidados.pdf
Para más información sobre el Proyecto de Ley, se puede acceder en el siguiente enlace: https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/A/BOCG-15-A-64-1.PDF
