El mundo vive uno de los mayores cambios demográficos de la historia. Sin embargo, millones de personas mayores continúan enfrentando discriminación, obstáculos para acceder a servicios esenciales y una falta de reconocimiento pleno de sus derechos. Ante esta realidad, surge una oportunidad histórica: la creación de una Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores.
¿Por qué es necesaria una Convención?
Aunque los tratados internacionales de derechos humanos incluyen principios aplicables a todas las personas, en la práctica las necesidades y vulnerabilidades específicas de las personas mayores no están suficientemente protegidas. Esta nueva Convención busca:
- Combatir la discriminación por edad (edadismo), una forma persistente de desigualdad que limita la participación social, económica y política.
- Garantizar derechos en áreas como salud, protección social, trabajo digno, educación permanente, participación comunitaria y cuidados de calidad.
- Cerrar vacíos legales, estableciendo un marco universal y vinculante que obligue a los Estados a proteger y promover los derechos de las personas mayores.
- Fortalecer la rendición de cuentas, mediante mecanismos claros de seguimiento y evaluación.
- Visibilizar el aporte de las personas mayores, integrándolas plenamente en las agendas globales de desarrollo.
Un momento decisivo
El 3 de abril de 2025 marcó un hito en la historia de los derechos humanos. Durante la 58.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, los Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron una resolución histórica que crea un Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG). Este órgano será responsable de redactar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para proteger y promover los derechos de las personas mayores.
Esta decisión es fruto de años de perseverancia, movilización y defensa por parte de personas mayores, organizaciones de la sociedad civil y aliados en todo el mundo. La evidencia acumulada ha sido clara: las brechas y la fragmentación del sistema internacional solo pueden resolverse mediante una convención específica que reconozca plenamente las necesidades y derechos de quienes envejecen.
La resolución A/HRC/RES/58/13, impulsada por un grupo central de Estados (Argentina, Brasil, Gambia, Filipinas y Eslovenia), marca el inicio de esta nueva etapa. El IGWG celebrará su primera reunión organizativa del 18 al 20 de febrero de 2026, donde se elegirá la presidencia y se definirán las modalidades de trabajo y los procedimientos que guiarán el proceso.
Participación y consultas: fundamentales para un instrumento sólido
La construcción de la Convención debe basarse en un principio fundamental: nada sobre las personas mayores sin las personas mayores. Para que el instrumento sea significativo y transformador, el proceso debe incluir:
- Consultas amplias y diversas con personas mayores y sus organizaciones.
- Mecanismos accesibles de participación, con formatos inclusivos y modalidades híbridas.
- Transparencia en todas las etapas, con documentos públicos y sesiones abiertas.
Una Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores no solo establece derechos: cambia narrativas, define estándares globales y empodera a las personas para reclamar lo que les corresponde.
