En Ginebra se ha dado recientemente un paso significativo hacia la adopción de una Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas Mayores, en el marco de la primera reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG, por sus siglas en inglés) del Consejo de Derechos Humanos. A lo largo de varios días de debate, los Estados, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil evidenciaron un apoyo creciente a un tratado específico que garantice el derecho a envejecer con dignidad.
La sesión inaugural se centró en la organización de los trabajos y en la presentación del contexto general. Tras las intervenciones de la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de las delegaciones de Argentina y Eslovenia, el embajador argentino Carlos Mario Foradori fue elegido presidente del Grupo de Trabajo. Sus palabras, junto con las de otros representantes, marcaron un tono político claramente favorable a inaugurar una nueva etapa: pasar del diagnóstico a la redacción concreta de una convención.
En el panel inaugural, dedicado a “configurar el escenario”, Rose Gahire, copresidenta de la Alianza Global por los Derechos de las Personas Mayores (GAROP), presentó propuestas clave sobre las modalidades del nuevo proceso de redacción. Subrayó la necesidad de una participación verdaderamente significativa de las personas mayores, que no se limite a un papel simbólico o meramente consultivo. Se insistió en que las organizaciones que las representan deben ocupar un lugar central en todas las fases del proceso, desde la definición de conceptos hasta el análisis de cada artículo.
Las intervenciones de la tarde confirmaron que el apoyo a una convención se mantiene sólido entre numerosos Estados y que existe una clara disposición a comenzar a trabajar de manera concreta. En las declaraciones generales, varias delegaciones expresaron su voluntad de avanzar y reconocieron las lagunas actuales de protección en los marcos normativos existentes. Elijah Mwega, de KARIKA, presentó en nombre de los miembros de GAROP una declaración conjunta que reiteró la importancia de situar las voces de las personas mayores y de sus organizaciones representativas en el centro del proceso.
Un elemento clave del consenso emergente fue la propuesta de que el Grupo de Trabajo inicie sus labores con la elaboración de la base conceptual, los principios y el alcance de la futura convención, antes de entrar en negociaciones detalladas del texto. Este enfoque busca evitar debates fragmentados y garantizar que el instrumento cuente con una arquitectura coherente, basada estrictamente en los derechos humanos y libre de visiones asistencialistas o puramente biomédicas de la vejez.
El segundo día se dedicó a un panel de personas expertas sobre los elementos de un instrumento jurídicamente vinculante y al análisis de los métodos de trabajo del IGWG. Resultó especialmente llamativa —como señalaron tanto representantes de la sociedad civil como Beda A. Epres, comisionada de la institución nacional de derechos humanos de Filipinas— la ausencia de representantes de organizaciones de personas mayores en dicho panel. Esta carencia evidenció nuevamente la necesidad de replantear la participación, de modo que las personas mayores no sean únicamente objeto de protección, sino sujetos activos en el diseño de las normas que les afectarán.
El debate sobre los contenidos reflejó una diversidad de perspectivas, aunque también una clara receptividad hacia la propuesta de comenzar por la base conceptual y por una comprensión amplia de los derechos en la vejez. Desde la sociedad civil se insistió en que el tratado debe abordar no solo la discriminación por edad, sino también las intersecciones con género, pobreza, discapacidad y otros ejes de desigualdad.
Por la tarde, la discusión se centró en los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo. Algunos Estados, como China, Egipto y Pakistán, cuestionaron la participación de organizaciones no gubernamentales sin estatus consultivo ante el ECOSOC, lo que generó un debate sobre el grado de inclusividad y transparencia que debe caracterizar el proceso. La mayoría de los Estados, sin embargo, defendió un funcionamiento abierto que permita la contribución de una amplia diversidad de organizaciones, en especial aquellas que trabajan directamente con personas mayores o están lideradas por ellas.
Al final de la sesión, GAROP presentó una declaración de cierre en la que celebró el compromiso del presidente con la difusión oportuna de la documentación. También destacó el consenso emergente en torno a la necesidad de empezar por la base conceptual y reiteró, una vez más, que la voz de las personas mayores debe situarse en el centro de la discusión.
Las jornadas dejaron claro que se trató de algo más que una reunión técnica. Existen señales inequívocas de que la comunidad internacional converge cada vez más en la necesidad de una Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores y de que este proceso debe construirse con ellas y no solo para ellas. El desafío ahora consiste en mantener esta línea de trabajo, ampliar la participación de organizaciones lideradas por personas mayores y traducir el impulso político en un texto de convención ambicioso, transformador y verdaderamente garantista.
