El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), junto con el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación Gregorio Peces-Barba, celebró ayer en Madrid la jornada “Los derechos de las personas mayores como cuestión de derechos humanos”, con el objetivo de generar un espacio de reflexión, debate y visibilización sobre la situación y el reconocimiento de los derechos de las personas mayores. Más de tres décadas después de la proclamación del Día Internacional de las Personas Mayores, en 1990, la jornada planteó una pregunta fundamental: ¿qué avances son necesarios para asegurar el pleno ejercicio de sus derechos?
La jornada dio comienzo a las 9:30 horas con el acto de inauguración a cargo de Rosario García Mahamut, directora del CEPC y catedrática de Derecho Constitucional y María del Carmen Barranco Avilés, catedrática de Filosofía del Derecho y directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba, quienes subrayaron la necesidad de situar a las personas mayores en el centro de las políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos.
A las 10:00 horas, Rafael de Asís Roig, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, impartió la conferencia inaugural titulada “La relevancia de los derechos de las personas mayores como cuestión de derechos humanos”, presentada por Encarnación Carmona Cuenca, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá y coordinadora del Laboratorio de Igualdad CEPC.
La jornada se estructuró en tres mesas de debate.
La primera mesa, titulada “Hacia una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores”, contó con la participación de Aída Díaz-Tendero Bollain, investigadora en Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid; Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén (ambos, miembros del patronato de HelpAge International España); Irene Vicente Echevarría, investigadora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid; y Rafael de Lorenzo García, secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad.
En este espacio se puso de relieve la necesidad de avanzar hacia una convención internacional jurídicamente vinculante. Aída Díaz-Tendero destacó las aportaciones del sistema interamericano, subrayando experiencias como la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la opinión consultiva sobre el derecho al cuidado y la opinión consultiva sobre el derecho a la emergencia climática, así como jurisprudencia relevante, como el caso Poblete-Vilches. Los ponentes coincidieron en señalar que los instrumentos actuales resultan insuficientes y que una Convención Internacional de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Personas Mayores permitiría establecer un marco conceptual, legal y de rendición de cuentas que combata la discriminación por edad y promueva un enfoque positivo del envejecimiento.
La segunda mesa, centrada en “Sobre el art. 50 de la Constitución y su reforma”, contó con las intervenciones de Fernando Rey Martínez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid; Fernando Flores Giménez, profesor titular de Derecho Constitucional y miembro del patronato de HelpAge International España; y Patricia Cuenca Gómez, profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.
Durante el debate se analizó la necesidad de modificar el artículo 50 de la Constitución Española en un contexto internacional marcado por el impulso de una convención específica sobre los derechos de las personas mayores y por el creciente activismo de organizaciones nacionales como la Mesa Estatal y HelpAge. Los participantes señalaron que el actual contexto demográfico, caracterizado por el envejecimiento progresivo de la población, justifica una revisión del precepto constitucional, cuya redacción vigente responde a una concepción principalmente asistencial, vinculada a la protección social y a la insuficiencia económica.
En este sentido, se defendió la ampliación del alcance del artículo 50 para reconocer expresamente el pleno goce de todos los derechos de las personas mayores, más allá de los derechos sociales, incorporando la prohibición de cualquier forma de discriminación por razón de edad y medidas específicas frente al maltrato y el abuso. Asimismo, como destacó Fernando Flores Giménez, resulta esencial reforzar la garantía de derechos fundamentales como la salud, la vivienda y una vida digna, autónoma e independiente.
La tercera mesa, titulada “Sobre la necesidad de una ley estatal sobre derechos de las personas mayores”, contó con la participación de María Dalli Almiñana, investigadora Ramón y Cajal en Derecho Constitucional de la Universitat de València; María José Segarra Crespo, fiscal de Sala coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores; y María del Carmen Barranco Avilés, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, quienes abordaron los retos normativos pendientes y la conveniencia de una regulación estatal integral que articule y refuerce la protección jurídica de las personas mayores.
La jornada concluyó a las 17:00 horas tras un día de análisis y debate, en el que se puso de manifiesto la urgencia de avanzar hacia un marco normativo más ambicioso, coherente y garantista que reconozca a las personas mayores como titulares plenos de derechos y que promueva su dignidad, autonomía y participación activa en la sociedad.
