El presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, Jesús Norberto Fernández, y la presidenta de HelpAge International España, Isabel Martínez, reivindican el momento histórico que se vivirá con la aprobación de la futura Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores, que implicará un «cambio de enfoque» sobre la vejez tal y como hace dos décadas ocurrió con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Así lo pusieron de manifiesto en el diálogo ‘Los derechos de las personas mayores: hacia una convención de la ONU’, en el que también participó la directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba en la Universidad Carlos III de Madrid, María del Carmen Barranco, y que fue moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa.
En su alocución, Fernández aseveró que se trata de «un momento histórico» que llegará tras la «gratísima noticia» de la aprobación, en 2025, de la resolución por parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que daba luz verde al inicio de la redacción del texto, con la que culminará un «proceso muy largo de trabajo previo y de espera».
En este contexto, Fernandez hizo hincapié en el «importante impacto» que tendrá la convención en la «vida diaria» de las personas mayores en España así como en la legislación y organización administrativa del país y en su «manera de actuar» ante el «proceso intensísimo de envejecimiento» que experimentan las sociedades actuales.
PASO ADELANTE
«En los últimos años ha habido un paso adelante aproximadamente en unos 14 países de la Unión Europea que han dado un paso muy decidido y entre ellos está España», agregó, al tiempo que se confesó «muy orgulloso» del «papel de liderazgo» que va a «jugar» el país como «impulsor» de la convención.
No obstante, admitió que le «preocupa especialmente» que Reino Unido, Alemania, Francia, los países nórdicos y Holanda «lo ven con reticencia» debido a que juzgan «prioritario» desarrollar sus «muy desarrollados legislaciones y sistemas de protección».
A este respecto, Fernández auguró que, al igual que ocurrió con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el hecho de que España ratifique esta nueva convención «nos coloca en medio de la jerarquía normativa legal un instrumento que nos obligará a revisar todo lo que hay de ahí para abajo».
«Eso implica una revolución en toda nuestra legislación en materia de pensiones, sanidad y Código Civil, en todas y cada una de las cuestiones que están en este momento reguladas», apostilló, al tiempo que detalló que «no solo obliga a la adaptación de la normativa vigente a esos postulados de la convención», sino que, «allí donde falte legislación específica, concreta y exigible, rellenará los vacíos que tenemos».
IMPACTO FINANCIERO
Junto a ello, se refirió, además, al «impacto financiero» que se derivará de la ratificación de esta convención por parte de España como resultado de la «mejora de los sistemas de protección del Estado de bienestar» y su «perfeccionamiento» en relación a los cuidados de larga duración, pensiones, sanidad o accesibilidad.
En la misma línea, Isabel Martínez celebró que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Imserso, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, «estén a la cabeza de este grupo de países que están empujando la convención» frente a los 13 que «aún son escépticos con este instrumento».
«Y tampoco tenemos una posición unánime como Unión Europea favorable a este instrumento», advirtió, al tiempo que urgió a «ser políticamente incisivos con los gobiernos y con las instituciones para que remen en esta corriente favorable a la convención», convencida de que «esto no es un instrumento abstracto que forma parte de la burocracia de Naciones Unidas».
En este punto, afirmó que, al igual que ocurrió con la convención sobre discapacidad, «este instrumento es el que realmente puede mover las políticas públicas en los Estados» y el que garantiza a los ciudadanos poder «reivindicar, exigir y garantizar el cumplimiento de sus derechos cuando se vean vulnerados».
ENVEJECIMIENTO
En paralelo, lamentó que el concepto de personas mayores esté tradicionalmente ligado a «andadores, dependencia, pensiones, gasto social y limitaciones». «Siempre tenemos esa visión negativa en ese periodo de la vida que es largo y que no tiene por qué ser negativo», subrayó, convencida de que la futura convención «también nos va a ayudar a que introduzcamos otra perspectiva cuando hablamos de vejez y de personas mayores».
«Por tanto, estamos hablando de mucho cambio de enfoque, no solo en las políticas públicas, sino también en nuestra cultura de cómo abordamos y dignificamos esta etapa de la vida», deslizó, convencida de que «este instrumento de Naciones Unidas nos puede ayudar» a lograrlo.
Finalmente, Barranco estimó también que el «papel» del Estado español puede ser «fundamental» a nivel internacional como «valedor de los derechos humanos, con todo el peso político que le puede dar esto a España en la esfera Internacional», mostrándose, además, «a favor de los derechos humanos» y haciendo «frente a quienes cuestionan la importancia del sistema universal de protección de los mismos».
«Sin embargo, de un tratado internacional se derivan obligaciones», confirmó, al tiempo que indicó que su «mera ratificación» por parte del Estado español «generaría en España la obligación de reportar periódicamente cuál es la situación de los derechos de las personas mayores, como ya lo hace de las personas con discapacidad».
En la misma línea, puntualizó que el hecho de «saber que existe una convención internacional» puede ser «un revulsivo para impulsar un cambio cultural» contra el edadismo e implica la «determinación de las obligaciones en relación con los derechos de las personas mayores» y «visibilizarlas como titulares de los derechos que ya tienen reconocidos pero que no se garantizan efectivamente».
Por último, recordó que «todos y cada uno» de los derechos consagrados en la Constitución se tendrán que «interpretar» de acuerdo con la Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores.
Redacción: Servimedia
