Durante la 80ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad presentó su informe titulado “Las personas de edad en los conflictos armados y la consolidación de la paz”.
El documento expone las dificultades específicas que enfrentan las personas mayores en contextos de conflictos armados y durante la ocupación: obstáculos para acceder a servicios esenciales, discriminación en la respuesta humanitaria y carencias en los mecanismos de protección. Asimismo, analiza su papel en la recuperación posconflicto y la consolidación de la paz, destacando deficiencias en la recopilación de datos y en la protección jurídica.
La Experta señala que los conflictos armados han cambiado drásticamente desde la Segunda Guerra Mundial, desplazándose hacia zonas urbanas y generando destrucción masiva y desplazamientos prolongados. En la última década, su frecuencia e intensidad han aumentado, dejando a las personas mayores en una situación especialmente vulnerable: violencia, pérdida de redes de apoyo, falta de acceso a salud y servicios básicos, y traumas psicológicos. El desplazamiento forzado suele prolongarse, en promedio, 20 años para refugiados y 10 para desplazados internos, lo que genera incertidumbre crónica y ausencia de protección social.
Aunque los Convenios de Ginebra mencionan a las personas mayores, en la práctica no existen mecanismos específicos que garanticen su protección. Esta falta de atención se traduce en exclusión de información, inaccesibilidad de alojamientos y riesgos extremos, como el uso de instituciones de asistencia como escudos humanos. El caso de Ucrania ilustra esta realidad: casi una cuarta parte de las personas afectadas tiene 60 años o más y muchas sufren abandono y falta de apoyo estructural.
Según las proyecciones, para 2050 el 80 % de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos o medios, lo que las expone aún más a crisis humanitarias. En este contexto, la falta de visibilidad de este grupo en la respuesta internacional sigue siendo una brecha crítica.
Recomendaciones del informe
Las recomendaciones se organizan en cinco ejes:
- Marcos jurídicos y políticas: se insta a que el futuro tratado internacional sobre los derechos humanos de las personas mayores incluya disposiciones específicas que garanticen su protección, dignidad y seguridad en contextos de conflicto y emergencia, con especial atención a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se subraya la necesidad de asegurar una protección sin discriminación, incluso frente a formas de discriminación interseccional, en consonancia con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, incluidos los Convenios de Ginebra. Finalmente, se aconseja aplicar las orientaciones derivadas de instrumentos no vinculantes para reforzar los mecanismos de protección existentes.
- Evacuación y desplazamiento: se subraya la necesidad de cumplir estrictamente el derecho internacional humanitario, garantizando el principio de distinción entre civiles y objetivos militares, para proteger la seguridad y la integridad de las personas mayores.
- Interseccionalidad y vulnerabilidades: se plantea integrar factores como edad, discapacidad, género, origen étnico, orientación sexual y diversidad de género en todas las respuestas humanitarias. Se advierte sobre el riesgo de utilizar el internamiento como solución predeterminada para personas mayores desplazadas, ya que puede incrementar la exposición a violencia, negligencia o incluso su uso como escudos humanos. Además, subraya la necesidad de proteger a las mujeres mayores frente a la violencia de género, en particular la violencia sexual en conflictos, que suele permanecer invisibilizada. Finalmente, se propone ofrecer una asistencia culturalmente sensible que preserve la identidad y el bienestar emocional, especialmente en entornos intergeneracionales.
- Acceso a la salud: se aconseja diseñar servicios adaptados a las necesidades específicas de las personas mayores en entornos de conflicto, incorporarlas en los planes de emergencia y protocolos de triaje, y establecer equipos comunitarios junto con servicios de asistencia domiciliaria para quienes presentan movilidad limitada. También, destaca la importancia de garantizar la sustitución y ajuste de ayudas técnicas esenciales, así como la inclusión de cuidados paliativos para aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida.
- Recuperación posconflicto y consolidación de la paz: se promueve reconocer y potenciar el papel activo de las personas mayores en los procesos de reconciliación y estabilidad, reformulando los discursos humanitarios para presentarlas no solo como población vulnerable, sino como agentes resilientes y titulares de derechos. Se propone crear comités de personas mayores en campamentos para fortalecer su organización y empoderamiento. Y se promueve su participación en estructuras formales e informales de toma de decisiones, garantizando que sus voces influyan en políticas y estrategias en todos los niveles.
Estas recomendaciones están dirigidas principalmente a los Gobiernos, como garantes de derechos y también a actores humanitarios, organismos de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones nacionales de derechos humanos.
Más información: Informe completo.
