La Opinión Consultiva OC-32/2025, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), examina la emergencia climática y su vínculo con los derechos humanos. Fue solicitada por Chile y Colombia el 9 de enero de 2023, con el propósito de precisar las obligaciones que corresponden a los Estados frente al cambio climático, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y conforme a lo dispuesto en el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Destaca especialmente la amplia participación registrada en este proceso. Se recibieron 263 escritos provenientes de 613 actores, entre ellos Estados, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, comunidades, empresas y personas particulares. Asimismo, se llevaron a cabo tres audiencias públicas, con la intervención de un total de 185 delegaciones.
La Opinión Consultiva establece que los Estados tienen obligaciones concretas para enfrentar la crisis climática, entre ellas:
- Prevenir los daños a los derechos humanos derivados del cambio climático.
- Brindar protección especial a grupos vulnerables, como comunidades indígenas, niños, personas mayores y habitantes de zonas costeras.
- Fomentar la cooperación internacional y la transparencia en las políticas climáticas.
- Garantizar la participación efectiva de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones ambientales.
En relación con las personas mayores, la Opinión Consultiva las menciona en doce ocasiones a lo largo del documento. La primera referencia aparece al señalar “el impacto desproporcionado del cambio climático en los derechos de las personas en situación de especial vulnerabilidad, y la protección especial de las personas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, los migrantes y las personas desplazadas”.
Asimismo, se reconoce la importancia de las personas mayores en los pueblos indígenas, y se subraya la necesidad de una comunicación clara y comprensible, adaptada a sus necesidades. También se destaca que requieren protección especial durante la gestión de catástrofes naturales, afirmando que “las personas mayores son más propensas a morir a causa de desastres relacionados con el clima, como olas de calor, tifones, huracanes e inundaciones”.
Finalmente, la Corte pone de manifiesto que “este grupo de población tiende a ser excluido y abandonado en casos de desastres naturales; se ven afectados por las evacuaciones debido a su movilidad reducida, falta de acceso a la información y necesidades específicas. Además, el cambio climático puede tener un impacto en la salud mental de las personas mayores y hacer que experimenten una mayor soledad y aislamiento como resultado de los efectos climáticos, lo que aumenta su vulnerabilidad”.
En definitiva, se observa cómo el cambio climático afecta a las personas mayores y a sus derechos, desde el derecho a la vida, el derecho a la información, el derecho a la no discriminación, entre otros. Lo señalado por la Corte no constituye una novedad: las recientes crisis provocadas por emergencias naturales han demostrado que las personas mayores suelen ser relegadas, situación que pone en riesgo su vida.
