Las personas participantes en el I Encuentro Iberoamericano sobre la Convención Internacional para los Derechos de las Personas Mayores de Naciones Unidas, reunidas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, junto con representantes de instituciones públicas, organismos internacionales, academia, sociedad civil, organizaciones de personas mayores y organizaciones miembros de la red global de HelpAge International, expresamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo venezolano ante la grave emergencia humanitaria provocada por los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio de 2026, que han ocasionado pérdidas humanas, daños materiales y una profunda afectación en la vida de miles de personas y comunidades.
Manifestamos especialmente nuestra preocupación por la situación de las personas mayores, quienes suelen enfrentar riesgos diferenciados y agravados en contextos de crisis humanitarias, desastres naturales y desplazamiento. La pérdida de vivienda, la interrupción de servicios de salud y cuidados, las dificultades de movilidad, el aislamiento, la falta de acceso a información accesible, la inseguridad alimentaria y la separación de redes familiares y comunitarias pueden afectar de manera especialmente intensa a las personas mayores, en particular a aquellas en situación de dependencia, discapacidad, pobreza, soledad no deseada o enfermedad crónica.
Recordamos que el artículo 29 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, relativo a las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, establece la obligación de adoptar medidas específicas para garantizar la integridad y los derechos de las personas mayores en situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres. Asimismo, reconoce la necesidad de adoptar medidas específicas en la preparación, prevención, reconstrucción y recuperación, y de propiciar la participación de las propias personas mayores en los protocolos de protección civil ante desastres naturales.
Por ello, hacemos un llamado a las autoridades competentes, a los organismos internacionales, a las agencias humanitarias, a las organizaciones de la sociedad civil y a los actores de la cooperación a garantizar que la respuesta de emergencia, la asistencia humanitaria y los procesos de recuperación y reconstrucción incorporen de manera efectiva un enfoque de edad, género, discapacidad, interculturalidad y derechos humanos.
Las personas mayores no deben ser consideradas únicamente como receptoras pasivas de asistencia, sino como titulares de derechos y como actores fundamentales en la gestión, respuesta y recuperación ante las crisis. Su experiencia, conocimiento del territorio, redes comunitarias, memoria colectiva y capacidad de cuidado y organización constituyen aportes esenciales para sostener a las comunidades afectadas y fortalecer las respuestas locales. Por ello, su voz, sus necesidades, sus capacidades y sus propuestas deben ser escuchadas e incorporadas en todas las fases de la acción humanitaria.
Asimismo, las personas participantes en este encuentro reafirmamos la importancia de que la futura Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores incorpore de manera expresa la protección de las personas mayores en situaciones de emergencia, crisis humanitarias, desastres naturales, conflictos, desplazamientos y otros contextos de riesgo. La experiencia demuestra que, sin obligaciones claras para los Estados y sin mecanismos específicos de inclusión, las personas mayores quedan con frecuencia invisibilizadas en la planificación, la asistencia, la toma de decisiones y los procesos de recuperación.
Desde Santa Cruz de la Sierra, expresamos nuestro acompañamiento y solidaridad con las personas mayores, sus familias y comunidades afectadas en Venezuela, y reiteramos nuestro compromiso con una respuesta humanitaria inclusiva, digna, accesible, participativa y basada en derechos.
Instituciones participantes
- Asociación de Promoción del Desarrollo Humano y la Paz (APRODEHPAZ)
- Asociación Red Colombiana de Envejecimiento Activo y Digno (Colombia)
- Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC) (Argentina)
- Centro Gerópolis, Universidad de Valparaíso (Chile)
- Centro de Liderazgo e Innovación para Mujeres de las Américas
- CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe
- Comité de ONGs sobre envejecimiento de Naciones Unidas (Ginebra)
- CORDES (El Salvador)
- Fiscalía General de la República
- Fundación Horizontes (Bolivia)
- Fundación NTD (República Dominicana)
- Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (Bolivia)
- Gobernación del Valle del Cauca (Colombia)
- HelpAge International
- HelpAge España
- IMSERSO – Instituto de Mayores y Servicios Sociales (España)
- INABVE – Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (El Salvador)
- INAPAM – Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (México)
- Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (Brasil)
- Ministerio de la Defensa Pública (Paraguay)
- Ministerio de la Presidencia (Bolivia)
- Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Guatemala)
- Ministerio Público de la Defensa (Argentina)
- Observatorio Iberoamericano sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la Discapacidad
- Plataforma Mayor (Argentina)
- Poder Judicial (República Dominicana)
- PRATEC (Perú)
- RIADIS – Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad
- Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) – Chile
- Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) – Argentina
