El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha celebrado una nueva edición de Palestra para analizar la participación de las personas mayores con discapacidad en la elaboración de la futura Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores. La conferencia virtual, protagonizada por Isabel Martínez Lozano, presidenta de HelpAge España, fue presentada por Gregorio Saravia Méndez, delegado de Derechos Humanos y Convención del CERMI Estatal.
En la presentación del encuentro, Saravia Méndez advirtió de que las personas mayores con discapacidad afrontan situaciones de discriminación por razón de edad y discapacidad. Asimismo, defendió que sus derechos, necesidades y reivindicaciones específicas ocupen un lugar central en el futuro tratado, ante la insuficiente protección que actualmente ofrecen los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Durante su intervención, Martínez Lozano defendió que la nueva Convención debe garantizar que la edad no limite la libertad, la autonomía ni la capacidad de decisión de las personas mayores. La ponente advirtió de que el aumento de la longevidad no se está traduciendo necesariamente en una mayor capacidad para ejercer derechos. «Somos más y, en cambio, el edadismo se hace más fuerte», afirmó, antes de señalar que las personas pueden encontrar mayores obstáculos para decidir sobre su vida, acceder a servicios o participar plenamente en la comunidad a medida que cumplen años.
La presidenta de HelpAge España recordó que la reivindicación de una Convención específica cuenta con más de dos décadas de recorrido y destacó los avances registrados recientemente en el seno de las Naciones Unidas. El proceso se encuentra ya en la fase de elaboración de los primeros textos, tras diferentes diagnósticos internacionales que han puesto de manifiesto las lagunas
existentes en la protección jurídica de las personas mayores. «No partimos de cero», señaló, al recordar que existen estándares regionales y experiencias previas que deben servir como referencia.
Martínez Lozano reclamó que el futuro tratado tenga carácter vinculante e incluya derechos relacionados con la protección social, la salud, el empleo, la educación a lo largo de la vida, la accesibilidad tecnológica, la vivienda y la participación social y política. También defendió la creación de un mecanismo internacional de supervisión que obligue a los Estados a rendir cuentas y permita la participación permanente de las personas mayores y de sus organizaciones representativas.
La ponente subrayó que la discapacidad debe incorporarse como una dimensión transversal de la Convención, desde un enfoque de ciclo vital y de discriminación interseccional. A su juicio, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad constituye un precedente esencial en materias como la igualdad y la no discriminación, la accesibilidad, el empleo, la autonomía personal, la vida independiente y la participación política. También pidió impulsar un proceso participativo «de abajo a arriba» que escuche directamente a las personas mayores con discapacidad, las mujeres mayores, quienes viven en el medio rural y las personas que requieren apoyos de mayor intensidad. «El cuidado es un derecho y vivir con los apoyos que necesitamos es un derecho», aseguró.
Para el CERMI, la futura Convención representa una oportunidad histórica para combatir el edadismo y garantizar que ninguna persona pierda derechos, libertad o autonomía por razón de edad, y con la misma convicción expresada por Martínez Lozano de que «nuestro proyecto vital no tiene fecha de caducidad».
Actividad financiada con cargo al 0,7 % de interés social, en el marco del proyecto «También las personas mayores con discapacidad: por su lugar en la futura Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores».
