Tras años de defensa por parte de personas mayores, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la red global HelpAge han contribuido a lograr una nueva ley histórica que fortalece los derechos de las personas mayores en Chile.
La nueva ley «Ley Integral para las Personas Mayores y la Promoción de un Envejecimiento Digno, Activo y Saludable» crea un marco más sólido para proteger los derechos de las personas mayores de 60 años. Promueve la dignidad, la autonomía, la participación y la inclusión a lo largo de la vejez, al tiempo que refuerza la protección contra la discriminación y el abuso por edad y mejora el acceso a la justicia y a los servicios esenciales.
Para muchos de nosotros que hemos trabajado con personas mayores durante años, esta ley representa algo mucho más importante que una reforma legal. Es el reconocimiento de que las personas mayores tienen derecho a ser escuchadas, a tomar decisiones sobre sus propias vidas y a participar plenamente en la sociedad. Hemos visto a personas mayores, organizaciones comunitarias y defensores trabajar incansablemente para que este tema se incluya en la agenda nacional, por lo que verla convertida en ley es un logro significativo y un poderoso mensaje de que sus voces importan.
Viviana García, directora del Centro Gerópolis de la Universidad de Valparaíso, miembro de la red HelpAge y colaboradora clave durante todo el proceso.
El papel de los miembros de la red HelpAge
Gracias a su estrecha colaboración con personas mayores y comunidades, el Centro Gerópolis contribuyó a sensibilizar sobre la legislación propuesta y creó espacios de diálogo entre personas mayores, organizaciones comunitarias, instituciones públicas y universidades. Asimismo, brindó apoyo en materia de formación y desarrollo de liderazgo para que las personas mayores pudieran comprender la ley propuesta y defender con confianza sus derechos.
Gerópolis colaboró estrechamente con Red Voces Mayores (Red de Voces Mayores) para crear una plataforma de incidencia política conjunta que uniera a organizaciones de la sociedad civil, académicos y organizaciones de personas mayores. Juntos, supervisaron el proceso legislativo, involucraron a los responsables de la toma de decisiones y mantuvieron el impulso durante varios años de debate.
Cuando surgieron dificultades durante las etapas finales de la aprobación, estas organizaciones continuaron con sus esfuerzos de promoción, movilizando el apoyo público y reforzando la importancia de adoptar la legislación.
Una base para el cambio futuro
Para los defensores de las personas mayores en todo Chile, la publicación de la ley representa tanto un logro como un nuevo comienzo.
“Nos enorgullece ver que esta ley se convierta en realidad tras tantos años de lucha constante por parte de las personas mayores y sus aliados. Pero el trabajo no termina aquí. El próximo reto es asegurar que las personas mayores conozcan sus derechos y que estos se vean reflejados en las políticas, los recursos y las decisiones que afectan sus vidas”, declaró Viviana García.
Uno de los próximos pasos más importantes será el desarrollo de una nueva Política Nacional sobre el Envejecimiento, que brindará a las personas mayores la oportunidad de contribuir a definir cómo se implementa la ley en la práctica.
Si bien Chile ya ha implementado políticas similares, esta será la primera que se desarrolle bajo el marco de la nueva ley y tenga base en un enfoque de derechos humanos. La legislación establece un plazo de 18 meses para su elaboración, y la política resultante guiará la acción del gobierno durante la próxima década.
Tras la aprobación de la ley, el gobierno comenzó a reunir a universidades, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones para apoyar la elaboración conjunta de la política. Este proceso ofrece una importante oportunidad para garantizar que las personas mayores sigan teniendo una voz importante en las decisiones que marcan sus vidas.
Mirando hacia adelante
La nueva ley chilena transmite un mensaje claro: las personas mayores no son receptoras pasivas de cuidados, sino titulares de derechos, líderes y participantes activos en sus comunidades. Gracias a años de colaboración y promoción, el país cuenta ahora con una base más sólida para proteger esos derechos y fomentar la dignidad, la inclusión y el envejecimiento saludable para las generaciones presentes y futuras.
